Quiénes somos

Cumplimiento que se sostiene en una fiscalización.

Aplaid acompaña a las empresas chilenas a cumplir con la Ley 21.719, combinando expertos en protección de datos con una plataforma propia.

10+

años llevando IA a empresas reguladas chilenas

9+

grandes organizaciones reguladas en nuestra trayectoria

1

doctrina aplicada caso a caso. Nunca una checklist.

Quiénes estamos detrás

El equipo que conoce cómo opera de verdad una empresa regulada.

Aplaid es la operación regulatoria del equipo que lleva más de una década llevando inteligencia artificial al corazón de empresas chilenas reguladas — bancos, AFPs, prestadores de salud, retailers, mineras, sanitarias, sector público.

Hemos trabajado con BancoEstado, AFP Capital, RedSalud, FORUS, Aguas Andinas, Antofagasta Minerals, Previred, SII y abcdin, entre otros. Esa trayectoria — más de diez años entendiendo cómo opera de verdad una empresa regulada, qué documentación tiene, qué falta y qué la Agencia o el regulador van a exigir — es lo que aplicamos hoy a la 21.719.

Aplaid combina expertos en protección de datos personales con una plataforma propia. En ese orden: las decisiones que importan las toma el equipo experto y el DPO de la organización; la plataforma se encarga del trabajo pesado.

Trayectoria de los founders

Más de una década llevando IA al corazón de
empresas reguladas en Chile.

BancoEstado AFP Capital RedSalud FORUS Aguas Andinas Antofagasta Minerals Previred SII abcdin

Trayectoria del equipo de founders, no clientes vigentes del producto Aplaid.

Qué hacemos diferente

La ley no es una checklist, es una doctrina.

La mayoría de las plataformas tratan la ley como una checklist. Aplaid la trata como una doctrina aplicada caso a caso.

01

Bases de licitud, no casillas.

Bajo la Ley 19.628 mucha empresa firmó "consentimiento" como base por defecto para todo tratamiento. La Ley 21.719 castiga ese reflejo: consentimientos genéricos se invalidan en fiscalización. Aplaid identifica para cada tratamiento cuál es la base correcta — ejecución de contrato, obligación legal, interés legítimo, consentimiento, interés vital, función pública.

02

Doctrina del consentimiento.

Cuando el consentimiento sí es la base, modelamos su ciclo de vida: otorgamiento, vigencia, modificación, retiro, archivo. Diferenciamos consentimiento estándar, explícito (sensibles), del representante legal (NNA), específico para transferencias internacionales y para decisiones automatizadas. Cada uno con sus propios artefactos.

03

Frontera operacional explícita.

Aplaid no replica la gestión operacional de tu empresa. La lista de quién consintió y quién retiró su consentimiento vive donde tiene que vivir — en tu CRM, marketing, sistema clínico, CMP. Aplaid declara dónde vive esa evidencia para que tengas cadena trazable cuando la Agencia pregunte, sin pretender competir con los sistemas que ya usas.

Cómo trabajamos

Expertos que conducen,
plataforma que ejecuta.

El equipo experto define la doctrina

El equipo experto en protección de datos define la doctrina aplicada al caso, valida los artefactos críticos y acompaña al DPO en las decisiones.

La plataforma hace el trabajo pesado

Analiza tu documentación existente, identifica brechas, propone artefactos (RATs, DPIAs, textos de consentimiento, procedimientos ARCO-P) y los pre-llena con procedencia trazable. Tu DPO revisa, ajusta y aprueba.

No reemplazamos al DPO. Le devolvemos las semanas que perdería en levantamiento manual, le entregamos el control estratégico que la ley le exige y le ponemos al lado un equipo de expertos que conoce la doctrina.

Frontera operacional

Qué no hacemos

Ser claros en los límites también es parte del cumplimiento.

No instalamos el mecanismo técnico de captura de consentimiento en tus sistemas. Entregamos el texto, los requisitos formales y el procedimiento.

No alojamos la lista individual de titulares con consentimiento vigente o retirado. Esa lista vive en tus sistemas operacionales — y declaramos cuáles son.

No ejecutamos campañas de re-consentimiento por tu cuenta. Generamos el expediente, los textos y el plan; la ejecución la realizas tú.

No garantizamos validez jurídica ante un tribunal. Producimos evidencia trazable de diligencia debida.

Hablemos antes del 1 de diciembre de 2026.

Treinta minutos para diagnosticar el estado de tu organización y proponer un plan concreto de implementación.

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